Los aeropuertos españoles han llegado a acumular hasta 150 aviones abandonados por sus propietarios, según datos facilitados por AENA referidos al pasado año.
Dichos abandonos responden a múltiples razones. Las más comunes, la quiebra de la compañía y consiguiente incapacidad para afrontar los gastos de estacionamiento en el aeropuerto, o la aparición de una avería grave en un avión demasiado viejo como para que la reparación resulte rentable.
Muchas veces no se sabe de su abandono hasta pasados varios meses –en ocasiones incluso años- y, para poder retirarlos es necesario afrontar un largo proceso burocrático. Las aeronaves abandonadas además de ocupar un espacio en las plataformas necesario para el estacionamiento de otras aeronaves que sí están en servicio suponen una gran pérdida económica para los aeropuertos ya que no abonan las tasas correspondientes a los costes de aparcamiento. Estas tasas pueden oscilar entre los 200 y los 900 euros diarios, según las características, peso, aeropuerto y situación –finger o remoto- de cada aeronave.
En los últimos años ha habido una media entre 70 y 100 aviones abandonados en la red de aeropuertos de AENA. Un dato que permite calibrar en su exacta medida el alcance real del problema, especialmente en los aeropuertos más saturados.
Pero… ¿Cuál es este proceso legal?
Vamos a explicar cómo se desarrolla a grandes rasgos el proceso para retirar esas aeronaves de las plataformas aeroportuarias.
Cuando se detecta que una aeronave ha sido abandonada por un propietario o una empresa aeronáutica, exceptuando los casos en que ésta esté envuelta en un proceso judicial tal como embargos o concursos de acreedores, Aena, tiene como primera actuación la obligación de intentar localizar al propietario o empresa propietaria de la aeronave para instarla a proceder a su retirada, abonando las cuantías en concepto de estacionamiento que se hayan generado durante su estancia.
En el caso de que no sea posible localizar por el motivo que sea al propietario de la aeronave, se inician los trámites para poder declarar legalmente en estado de abandono a la aeronave o aeronaves en cuestión.
Esta declaración debe reflejarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Es necesario que haya tres publicaciones en el BOE en tres fechas distintas durante tres meses seguidos. Transcurrido un año desde el inicio del expediente de abandono, si no ha habido previa reclamación del propietario, es entonces cuando se declara oficialmente el abandono de la aeronave y pueden iniciarse los trámites para para proceder a su subasta pública.
Una vez concluido el proceso judicial, sin éxito, al no haber podido resolver la situación con la propiedad, las autoridades aeroportuarias –AENA en el caso de España- tienen luz verde para convocar una subasta pública para poder recuperar una parte de los gastos ocasionados. En algunas de estas ocasiones los aviones se acaban vendiendo a peso, debido a que el largo periodo pasado a la intemperie y sin mantenimiento alguno ha deteriorado notablemente las estructuras, incapacitándolos para volver a volar si no es con una cuantiosa inversión. En otras ocasiones se venden por un precio simbólico, muy inferior al precio real, ya que el nuevo propietario que adquiere la aeronave deberá abonar los gastos generados en años anteriores y, será quien se encargue de retirar la aeronave ya sea en vuelo -si ello es posible- o por tierra, de las instalaciones del aeropuerto en el que se encuentre.
Como dato significativo, Aena ingresó en 2020 sólo 116.600 euros subastando 22 aviones abandonados durante décadas e n sus instalaciones.